Un juez falla que Arco no es transparente en su selección de galerías

El magistrado cuestiona el método para invitar a participar en la feria de arte contemporáneo, tras la demanda de un expositor expulsado en 2016, porque “no hay concurrencia ni igualdad»

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha llegado a la conclusión de que falta transparencia en el proceso de selección de las galerías participantes en Arco, la feria de arte contemporáneo que se celebra cada año en el recinto ferial Ifema de Madrid y cuya edición de 2019 arranca el próximo día 27. El pasado noviembre, el magistrado Carlos Ceballos determinó en su fallo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que no hay ni transparencia ni igualdad en la toma de decisión sobre las más de 150 galerías que forman cada año parte del recorrido por el arte actual nacional e internacional. “Es evidente” que no se cumple con el “principio de transparencia de selección” que debería regir en un organismo público como es Ifema (su control mayoritario está en manos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid), dice la sentencia.

La causa arrancó durante la preparación de Arco 2016, cuando la galería My Name’s Lolita Art, de Madrid, no fue admitida como participante. Aquel año se presentaron 258 solicitudes y el último expositor en ser admitido ocupó la posición 163ª, tras la evaluación del comité seleccionador. La galería demandante quedó en el puesto 247º. Cuando los dueños del comercio pidieron conocer el desglose de la puntuación de su candidatura, Arco se negó, porque “no es posible conocer la puntuación otorgada por cada miembro del comité”, señala el fallo, que no se pronuncia sobre si se debería haber seleccionado a la galería denunciante.

Sin transparencia

No queda rastro, pues, de la votación dada a cada aspirante. Porque cada miembro (hasta 14 galeristas elegidos por la dirección de Arco, que participa con voz pero sin voto) emite su veredicto sobre el proyecto presentado cada año en un terminal a través de una ficha informática y de esa votación nadie conserva prueba ni rastro. Simplemente llega al presidente del comité, que suma todas. Los miembros deliberan de manera individual sobre el proyecto presentado, el programa de la galería, las exposiciones que han hecho en el año y las colecciones en las que están sus artistas. Los aspirantes deben abonar 300 euros por optar a ser seleccionados. Carlos Urroz, director de Arco, firma el acta de las puntuaciones, sin el desglose de los puntos concedidos. De eso, el juez determina que “no hay concurrencia ni igualdad ni transparencia si se oculta el desglose de los puntos”.

En su demanda, los responsables de My Name’s Lolita Art aseguran que la decisión de Arco y de Ifema “adolece de una absoluta falta de justificación y de transparencia” y son “arbitrarias y discriminatorias”. De hecho, el magistrado señala que, “sin el desglose de puntos obtenidos y otorgados por cada miembro del comité, no se puede controlar, siquiera, si ha habido un simple error aritmético en la suma de los puntos”. Y lo que es peor, “con la parca información que se da al aspirante, es imposible que pueda conocer si ha sido enjuiciado su proyecto de forma equitativa”, añade el juez, que recuerda que ya en 2001 hubo otra sentencia similar contra Ifema por exclusión de expositores en Arco 1999 (dirigido por Rosina Gómez Baeza).

Peligro de censura

Esta forma de selección —sin explicaciones razonadas sobre la exclusión— señalada por el magistrado abre la posibilidad de una práctica de presión contra los expositores más atrevidos en sus propuestas, según se quejan algunos artistas. Yann Leto, que en 2014 montó Congress Topless —es decir, el Congreso en pelotas—, donde denunciaba las políticas antiabortistas del PP (entonces con todo el control de Ifema), asegura que al año siguiente la dirección, a través del comité, decidió excluir a su histórica galería T20. Y la expulsaron durante dos años. “Volvieron a participar con la condición de que yo no expusiera. Así que no me quedó más remedio que la discreción. Ahora he vuelto, pero con obra pictórica”. Por su parte, Eugenio Merino, que en 2012 montó en la galería ADN al famoso Franco metido en una nevera de refresco, aseguró que en 2013 fue expulsado de la feria como represalia. El año pasado, “Presos políticos” de Santiago Sierra fue retirada del stand de Helga de Alvear.

Para el juez, que se invite de forma sistemática a galerías extranjeras, sin pasar por el comité, le parece que es saltarse las normas porque “no prevén ninguna excepción”. “Deben someterse a lo que todos se someten”, concluye. Por si fuera poco, asegura que hubo conversaciones personales entre los miembros del comité y algunas galerías. “Eso es discriminatorio, porque permite que solo algunos de los galeristas cuenten con ese contacto personal para influir en el sentido del voto de los miembros”, remata. Y concluye: “No hubo trato igualitario».