El Gobierno modernizará por ley las artes escénicas y la música

Cultura recibe las propuestas del Inaem para crear una norma que dé más autonomía y flexibilidad al teatro, la danza y las orquestas públicas

Ha sido y es casi un milagro que los teatros, las compañías de danza y las orquestas del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) levanten el telón cada noche. En los últimos años más, sobre todo cuando artistas, técnicos y personal laboral lo hacían encajar en medio de una legislación kafkiana y obsoleta. La conciencia de necesidad de cambio era urgente, así que ahora, casi finalizados los trabajos de la comisión que ha diagnosticado los problemas, elevarán la semana que viene a José Guirao, ministro de Cultura, una propuesta para que el Gobierno les dote de una ley específica, más parecida a la que rige hoy en instituciones como los Museos del Prado y Reina Sofía o la Biblioteca Nacional que una fundación, como la que gestiona el Teatro Real.

Será una norma en la que los implicados persiguen mucha más flexibilidad y autonomía, el reconocimiento de su peculiaridad, que atienda las demandas de un trabajo con distintos horarios a los considerados normales o diferentes edades de actividad, según seas músico, actor, bailarín o técnico.

La mesa de trabajo comenzó sus reuniones en julio, liderada por Amaya de Miguel, directora del Inaem. Tras 10 sesiones en la que han participado los 14 directores de unidades del instituto, sindicatos, representantes de los técnicos y agentes de los diferentes sectores, la conclusión es clara: una ley propia y específica que acabe, dicen en sus conclusiones, “con un modelo agotado”. A falta de otra convocatoria pedida por los sindicatos para matizar algunos puntos de la propuesta final, la semana que viene plantearán a Guirao sus puntos de vista.

A partir de ahí, el Gobierno empezará a elaborar y tramitar una ley que dejará atrás la norma y el convenio único que rige al Inaem desde hace tres décadas, aunque prevén que parte de ese régimen laboral pueda seguir vigente.

El instituto nació con vocación 100% pública y debe preservarse en su mayoría así, según la comisión. Una ventaja para la época en que desde el Estado debía alentarse la creación y representación de espectáculos públicos. Pero que con el tiempo fue creando problemas y situaciones imposibles por normativas demasiado rígidas. Obstáculos que hacían muy difíciles las giras o favorecían un excesivo centralismo de las compañías, sin que el resto del Estado pudiera disfrutar de propuestas creadas con el dinero de todos.

Las demandas de los responsables de unidades caían ahogadas por recortes y oídos sordos. Estaban sometidos a una perpetua fiscalización en los últimos años, derivada del control de gasto público y del déficit. El papeleo y las justificaciones para contratar servicios mínimos eran un perpetuo corsé. Las rigideces sindicales impedían giras o demasiadas horas extras. Un trabajo que se basa en la exposición pública y en lugares variados, perdía sentido y provocaba una bajada de presencia y prestigio en compañías como el Centro Dramático Nacional, la de Teatro Clásico, los grupos de baile, como la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Nacional o la Orquesta y Coros Nacionales de España.

El calvario ha conducido a la comisión a un punto claro de consenso sobre el que empezar a construir otro marco, casi de cero: “La naturaleza jurídica actual del Inaem como organismo autónomo no es adecuada para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de sus funciones, en particular el fomento y difusión de las artes escénicas y de la música, porque la mayoría de los problemas derivan directamente de ello”.

Para tal fin optan por esa ley específica, próxima a instituciones como el Prado, el Reina Sofía y la Biblioteca Nacional, pero alejada de una fundación como el Teatro Real. En este aspecto, se han dejado fuera varias fórmulas alternativas. Según el informe, una entidad pública empresarial, “quedaría invalidada porque el Inaem no puede financiarse mayoritariamente por ingresos de mercado”, aseguran. Respecto al modelo fundación pública estatal, “la principal objeción se refiere a su régimen patrimonial, pues por la concurrencia de bienes del sector público con los del privado (aunque los primeros tengan que ser superiores al 50%), distorsiona la naturaleza pública del Inaem”. También han quedado descartados la sociedad mercantil o el consorcio, “porque son asociaciones de entes administrativos que no encajan para los fines específicos que tienen atribuidos el Inaem, y las agencias estatales”.