Un drama que reaviva el foco sobre la política migratoria europea

La UE apoya a la guardia costera libia para que intercepte las salidas de migrantes y los devuelva a un país en conflicto y sumido en el caos

La muerte este miércoles de decenas de migrantes encarcelados en un centro de detención en Trípoli, una ciudad en zona de guerra, ha colocado de nuevo el foco en la política migratoria europea. Quienes murieron en ese bombardeo estaban allí encerrados, como la mayoría, porque en algún momento trataron de llegar por mar a Europa, pero su barcaza fue interceptada antes por la Guardia Costera libia, que los devolvió al lugar de donde huían.

Que Libia se ha convertido en un agujero negro para los subsaharianos que tratan de llegar a Europa no es ninguna novedad. La ONU ha documentado torturas, palizas y condiciones infrahumanas —falta de comida, hacinamiento, sin posibilidad de escapar— en Tayura y en otros centros de detención en el país. Varias ONG han denunciado esta situación, agravada desde abril con combates en las afueras de la capital. Libia es un Estado fallido desde la caída de Muamar el Gadafi, en 2011, con un Gobierno que no controla todo el territorio y donde actúan distintas milicias y las mafias. Sin embargo, este es el país al que la Unión Europea ha decidido dar apoyo —dinero y formación— para que cree su propia guardia costera, practique por sí mismo los rescates en sus aguas y devuelva a los migrantes a puertos que, como repite Acnur, no son seguros. 

A partir de 2017, la Unión Europea empezó a entrenar a guardacostas libios —incluyendo formación en derechos humanos— y a dotarles de barcos, para lo que ha desembolsado 91,3 millones de euros dentro de un paquete de 338 millones destinado a la gestión migratoria libia desde 2014. Esta política de externalización, de dejar en manos de terceros países el control fronterizo —a Libia en el Mediterráneo Central, a Turquía en el oriental— ha contribuido a una drástica caída de las llegadas a Europa. A esto se suman los puertos cerrados de la Italia de Matteo Salvini —que impide el desembarco de barcos de ONG con migrantes rescatados—, la criminalización de las ONG que salvan vidas en el mar y el hecho de que no exista todavía una política de desembarcos comunitaria predecible: ahora mismo, cada vez que hay un rescate se tiene que pactar de nuevo el reparto de los migrantes.

La diplomacia europea reaccionó este miércoles a la noticia con un comunicado conjunto de la alta representante, Federica Mogherini, y otros dos comisarios europeos, centrándose solo en la situación interna de Libia. Piden un alto el fuego, explican que la UE trabaja con agencias de la ONU para “evacuar a los refugiados y migrantes de los centros de detención próximos al frente” y reclaman el fin de la detención de migrantes. También señala a Libia que debe gestionar la migración “en total cumplimiento de los estándares internacionales, incluidos los derechos humanos”.