Temor a una ley de punto final en Túnez

Una propuesta de ley del Gobierno puede abortar los juicios por los peores abusos del régimen de Ben Alí

El juicio por la muerte de Faisal Baraket es uno de los más emblemáticos de la veintena en marcha dentro del proceso de justicia transicional en Túnez, único país de la llamada primavera árabe de 2011 donde la transición a la democracia no terminó en un baño de sangre. Baraket, un joven estudiante de 25 años y militante del partido islamista Ennahda, fue torturado hasta la muerte el mismo día de su arresto, el 8 de octubre de 1991, en la comisaría de Nabeul. Sin embargo, el régimen de Ben Alí falsificó la autopsia y afirmó que había fallecido en un accidente de tráfico. Desde entonces, y a pesar de las dificultades, su familia no ha cejado en el empeño de sentar a sus verdugos en el banquillo de los acusados.

Al inicio de la sesión, la juez lee la lista de los 52 procesados para comprobar quiénes han acudido. Al oír el nombre del Zine Alabidín Ben Alí, una magistrada sonríe. El dictador se halla en un exilio dorado en Arabia Saudí desde que la revuelta de 2011 lo expulsó del país tras 23 años en el poder. Entre los imputados está también Kamel Morjane, exministro de Defensa y líder del partido Mubadara, aliado del actual Gobierno. Este político reciclado tampoco aparece por la sala. “Los jueces se hallan bajo una enorme presión de los sindicatos de policía, que boicotean los juicios. No emiten órdenes de arresto contra los acusados que no se presentan a los procesos, y suelen aplazar las vistas con pretextos”, denuncia Gabriele Raeter, directora en Túnez de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), presente en la sala.

Las víctimas sospechan que las estrategias dilatorias de las defensas, permitidas por los jueces, tienen como objetivo alargar los juicios hasta la aprobación de una ley de punto final que evite a los imputados pasar un solo día entre rejas. El pasado abril, el Gobierno presentó un proyecto que abortaría los procesos para crear un comité alternativo en el que los verdugos recibirían una amnistía automática con tan solo pedir perdón. “No creo que se apruebe antes de las elecciones de otoño. El Parlamento tiene poco tiempo y otras prioridades”, explica Najib Murad, represaliado político durante la dictadura, y elegido miembro de la Asamblea Constituyente en 2011 por Ennahda.

Críticas a la ambigüedad de Ennahda

Sin embargo, Murad ya no forma parte de la cúpula del partido islamista y discrepa abiertamente de sus políticas: “El Comité Ejecutivo ha decidido llegar a un acuerdo con el antiguo régimen, y el precio ha sido abandonar los derechos de las víctimas”. Algunos responsables del partido, incluido su líder, Rached Ghannouchi, han dejado ver que están a favor de la iniciativa gubernamental, pero la medida suscita controversia entre las bases, víctimas de una feroz represión. “La falta de apoyo de Ennahda ha sido algo muy doloroso”, masculla Jamel Baraket, un hombre de ademán tranquilo y mirada bondadosa.

Los juicios en peligro de ser cerrados afectan a cerca de 200 víctimas y fueron instruidos por la Comisión de la Verdad, que concluyó sus trabajos el pasado 31 de mayo. La institución recibió más de 60.000 expedientes entregados por las víctimas, y solo transfirió a la justicia los casos más graves. El resto debe conformarse con una indemnización económica. “Para nosotros el dinero no es lo principal. Queremos justicia. Mi hermano es electricista. Cada noche, al finalizar su turno, se emborracha y se pasea por el pueblo llorando y gritando ‘¡Ben Alí ha matado a mi hermano!’. ¿Tú crees que su problema lo arregla el dinero?”, espeta Jamel.

Tan pronto como se aplazó el juicio de Baraket, empezó la primera sesión de otro instruido por la Comisión de la Verdad, y que reúne a 40 militantes islamistas arrestados y torturados a principios de los noventa en la misma comisaría de Nabeul, una de las más temidas del país. Jamel Baraket figura entre las víctimas de este proceso. Aunque no era militante, fue arrestado y torturado para forzar a su hermano Faisal a entregarse. El primer testimonio es el de Lotfi Jalalía, un anciano de aspecto frágil que declara haber padecido torturas escalofriantes: lo colgaron del techo, lo violaron con un bastón, le obligaron a comerse sus heces…

Tres décadas después, Jalalía todavía pertenece a Ennahda, como la mayoría de sus compañeros, y mantiene una actitud más deferente hacia la dirección del partido: “Su posición se explica por la necesidad de lograr una reconciliación y preservar los intereses del país. Yo con una petición de perdón me conformo, no necesito que mis verdugos vayan a la cárcel”.

Tras la escisión de Nidá Tunis, partido vencedor en las elecciones de 2014, Ennahda es la primera fuerza en el Parlamento y miembro del Gobierno actual de coalición, lo que le otorga un derecho de veto legislativo. Sin embargo, no está nada claro que pueda mantener esa privilegiada posición después de las elecciones legislativas y presidenciales de otoño. El panorama político es extramadamente confuso a causa de la irrupción espectacular del magnate Nabil Karoui en las encuestas y de su probable descalificación para la carrera a la presidencia a raíz de la aprobación hace dos semanas de una nueva ley electoral. Mientras tanto, se irán aplazando las vistas judiciales de las víctimas de la dictadura.