La frontera de Irlanda, el terrible nudo gordiano que complica el Brexit

Ambas partes quieren evitar el resurgimiento de una frontera entre el sur y el norte, pero no hay consenso sobre cómo lograrlo

Irlanda del Norte, con apenas 1,8 milones de habitantes o el 3% de la población del Reino Unido, apenas contaba en el referéndum sobre el Brexit de junio de 2016. Tampoco parecía importar que los partidarios de seguir en la Unión Europea ganaran en esa parte del país situada en la isla irlandesa (440.000 votos en contra del Brexit por 349.000 a favor). Ni que tras la hipotética salida, ese territorio se convertiría en la única frontera física del antiguo socio con la UE dada su vecindad a la república de Irlanda (miembro de la UE desde 1973, como Reino Unido).

Pero todo se torció para los partidarios del Brexit cuando las autoridades irlandesas advirtieron que la salida del club europeo amenazaba los acuerdos de paz de 1998, que pusieron fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte entre católicos (proclives a la unión con Irlanda) y protestantes (deseosos de continuar ligados a Londres).

Bruselas planteó la necesidad de establecer un «mecanismo de protección» (backstop en la jerga de los negociadores) para impedir la aparición de una frontera física entre las dos partes de Irlanda, por temor a que resurgiesen la división y la violencia. El Gobierno de Theresa May se resistió inicialmente a la propuesta. Pero acabó aceptándola. Un compromiso que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para consumar el Brexit y que explica parcialmente la brutal derrota que ha sufrido la primera ministra este martes.

El mecanismo de protección establece que, mientras no se encuentre una solución mejor para la isla irlandesa, Reino Unido y la UE compartirán un territorio aduanero único, para evitar la necesidad de aranceles, cuotas o controles en los productos que circulen entre Irlanda e Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, además, se aplicarían algunas normas europeas, como la legislación sobre el IVA y los impuestos especiales, la relativa a mercancías o a controles veterinarios.

La propuesta es interpretada por algunos parlamentarios británicos como una artimaña para mantener a Londres sometida a las normas comunitarias e impedir que Reino Unido desarrolle después del Brexit su propia política comercial, con los acuerdos con países terceros que considere necesarios (con EE UU entre los objetivos prioritarios). El mecanismo también inquieta a quienes temen que sea el comienzo de una separación entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

La Unión Europea ha insistido una y otra vez en que no tiene ningún interés en poner en marcha el mecanismo. Y en que solo entrará en vigor si al final del período transitorio de salida (que expiraría en diciembre de 2020, con posibilidad de una prórroga de uno o dos años) no se ha logrado un acuerdo comercial que solvente la cuestión de la frontera irlandesa.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han reiterado por escrito este mismo lunes el carácter temporal y excepcional del temido mecanismo. Pero el impacto de esa carta pública dirigida al Gobierno británico parece haber sido nulo entre los miembros del Parlamento británico.

La formulación del mecanismo podría ser uno de los objetivos de renegociación en caso de que se aplace el Brexit (previsto para el 29 de marzo). Pero la UE insiste en que no aceptará ninguna propuesta que no logre un objetivo similar. El Gobierno de Dublín, además, tendría derecho de veto sobre el acuerdo del Brexit si se optase por alguna fórmula menos garantista.

La posibilidad de una salida sin acuerdo, sin embargo, se anuncia catastrófica porque podría obligar a establecer controles en una frontera de 499 kilómetros. Abocaría a la división de una isla que desde hace 20 años disfruta de la libre circulación en todo su territorio.