2018, un año negro para Guatemala

Las elecciones presidenciales de 2019 serán un plebiscito para Jimmy Morales en su intento por terminar con la Comisión contra la Impunidad de la ONU y evitar el banquillo

Guatemala cierra 2018 bajo el signo de la involución en la lucha contra la impunidad y la corrupción, con un presidente, Jimmy Morales, desbocado en su intento por expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, patrocinada por la ONU) y afanado en eliminar los contrapesos previstos a su poder, como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de los Derechos Humanos y, en general, contra quienes levantan la voz criticando sus políticas. Las elecciones presidenciales de junio de 2019 determinarán el respaldo que su política tiene entre la ciudadanía.

Envalentonado por sus éxitos iniciales —ya expulsó del país al comisionado Iván Velázquez y a 11 de sus investigadores, desoyendo en ambos casos las órdenes del Constitucional y obviando los convenios internacionales firmados con las Naciones Unidas—, con una Fiscalía cooptada, un Congreso complaciente que se mueve a base de chequera, y un tibio Tribunal Supremo Electoral, Morales apunta ahora sus baterías sobre los pocos organismos independientes: el Constitucional y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Decisiones, todas, que le han valido las críticas de la comunidad internacional, ante las que el mandatario ha hecho oídos sordos. Entre sus mayores críticos está la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, del Partido Demócrata, que no ha dudado en calificar al Gobierno de Morales como «criminal» y «corrupto» en su cuenta de Twitter, y propone un significativo recorte en la ayuda estadounidense para el país centroamericano.

«Este gobierno ha logrado desmantelar lo poco que habíamos avanzado. Los retrocesos son tan evidentes que ya empiezan a reflejarse en los indicadores de todo tipo», apunta a EL PAÍS el analista Manfredo Marroquín, de Transparencia Internacional. Señala que hay un bloque de poder muy activo en mantener el esquema de una economía manejada por actividades ilícitas, como la corrupción y el narcotráfico. Eso explicaría el empeño de Morales en desmantelar el sistema de pesos y contrapesos. «Primero, porque tiene necesidad de salvar su pellejo, pero también a su alianza, que le está dando mucho rédito económico, con los grupos acusados de corrupción. Su única misión ha sido mantener el estado de podredumbre que existe en Guatemala».

En este contexto y a seis meses de las elecciones presidenciales, Marroquín proyecta 2019 como «un año de mucha convulsión social y política», porque la disputa se trasladará a la campaña electoral. Para evitar una polarización mayor, el representante de la organización Transparencia Internacional exige a la comunidad internacional estar vigilante y «ser menos pasiva ante los abusos de poder».

«Morales parece un elefante un una cristalería», comenta desde México el exministro de Exteriores Édgar Gutiérrez. «Con su actitud hace un daño irreparable a instituciones autónomas como la Corte de Constitucionalidad o la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), mientras ataca a jueces y magistrados independientes que tanto necesita Guatemala. Y, además, lo hace mal porque usar para estos fines a la Procuraduría General de la Nación (la abogacía del Estado) para satisfacer una necesidad personal termina por destruir su escasa credibilidad».

Gutiérrez critica que algunas de estas decisiones se tomen en época navideña, cuando la población disfruta de las fiestas. «Esto es actuar con alevosía y refleja una actitud para nada transparente».

«Guatemala», concluye, «en los últimos dos años, ha seguido un camino de aislamiento y este tipo de acciones lo ponen nuevamente en la mira. Hay que recordar que estamos ubicados en una región con una geopolítica muy delicada. En este contexto, cualquier acción que debilite o desestabilice a un país puede causar un efecto dominó en la zona».

Otra de las voces críticas con Morales, la ex fiscal general del Estado, Thelma Aldana, en la mira del mandatario, considera que, «a pesar de todo», las acciones del mandatario no revierten los logros alcanzados. «Desde 2015 —cuando las investigaciones de la Fiscalía y la Cicig llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez y a la práctica totalidad de su gabinete— la población guatemalteca conoce el grado de corrupción que ha caracterizado a los gobiernos de la era democrática iniciada en 1985».

«Lo que sucede es que, a partir del apoyo de la Cicig, se ha evidenciado su involucramiento y reacciona tratando de debilitar a las instituciones y, en general, al sistema de justicia y la policía. Su debilitamiento sí puede generar un retroceso, y de ahí el empeño en mantener la impunidad en el país», dice a este periódico. Según la prestigiosa jurista, «Jimmy Morales no es un aliado en la lucha contra la corrupción. Al contrario, está en contra y pretende mantener la impunidad».