Teófilo de Luis, veinticinco años de activa labor en favor de la caza desde su escaño

Teófilo de LuisEl personaje

Una de sus preocupaciones es el aumento de las poblaciones de lobo en la Península Ibérica

Durante casi veinticinco años, Teófilo de Luis ha mantenido una activa labor en favor de la caza desde su escaño como diputado del Partido Popular. La lista de actuaciones en las que ha participado es larga y son muchas las propuestas y preguntas de carácter cinegético que ha presentado a la mesa del Congreso de los Diputados en este tiempo. Entre otras, iniciativas en defensa de la perdiz roja salvaje, el conejo, el lince o la rehala; para tipificar el furtivismo como delito; encaminadas a una reforma de la Ley de Seguridad Vial en relación con los accidentes con especies cinegéticas; a una simplificación de la tramitación de licencias de caza; en defensa del silvestrismo; o por una Estrategia Nacional de Caza y Pesca…

El reconocimiento por parte del sector cinegético se ha constatado con la concesión de varios premios de prestigio dentro del gremio de san Huberto, como el Carlos III 2003, otorgado por la RFEC; o el de Rehalero de Honor de la AER, que también obtuvo en 2003.

Hoy, una de sus preocupaciones es el aumento de las poblaciones de lobo en la península ibérica. De Luis defiende que se plantee con realismo en la Unión Europea –que excluye a la especie como cazable al sur del Duero– la realidad del problema de la expansión del predador.

Para el exdiputado, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica –recientemente aprobada por el Gobierno– de incluir todas las poblaciones de lobo ibérico al sur del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, haciendo así caso omiso a las reclamaciones del sector ganadero, es una irresponsabilidad y un gran error, aunque ni le ha sorprendido ni le ha hecho cambiar de criterio. Entiende que es importante buscar el equilibrio entre los intereses implicados y garantizar –por supuesto– la conservación de la especie, por lo que prohibir el control de sus poblaciones no le parece la medida más adecuada. Para transmitir su postura ha enviado recientemente una carta a distintos medios e instituciones en la que se congratula de que, según los datos conocidos, el lobo, como especie emblemática de nuestra fauna, saliera del peligro de extinción y de que hoy su población se estime en unos 2.500 ejemplares, agrupados en tres centenares de manadas y con una población en expansión.

Pero recuerda que el cánido es un predador sin competencia y necesita matar para sobrevivir, por lo que un crecimiento excesivo de sus poblaciones resulta un peligro cierto para la ganadería, especialmente la extensiva; y así lo indican las cifras de ataques en evolución creciente en los últimos años, incluso en los nuevos territorios por él colonizados. En efecto, su expansión sin control es una amenaza también para especies de gran valor ecológico de nuestra fauna, como es el caso de los ungulados, fundamentales en explotaciones cinegéticas, que generan renta y empleo y fijan la población en amplias zonas del mundo rural. Opina asimismo que la especie puede ser vector de transmisión de enfermedades a animales domésticos, lo que a su vez podría representar un peligro para la salud pública.

Instancias comunitarias

Por todo lo expuesto, recomienda observar con atención la evolución de las poblaciones de lobo; y todo parece indicar, con los datos ya conocidos, que conviene ir trabajando ante las instancias comunitarias respecto a la necesidad de revisión del criterio actual que preserva al cánido de ser cazado al sur del río Duero: «Si hoy se acepta de forma generalizada el compromiso de la caza con la conservación, y así se reconoce en nuestra legislación y en la europea, en la política de gestión global de esta especie, esta herramienta –la caza– debe contemplarse siempre que se realice de forma sostenible y ajustándose a derecho». La gestión que se realiza de la especie al norte del Duero avala su utilidad.

Para terminar, afirma que los diversos intereses pueden ser plenamente legítimos y a los responsables públicos les corresponde actuar para garantizarlos en un justo equilibrio, ya que «eludir la realidad no soluciona los conflictos».