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Sito Miñanco.
La Audiencia de Pontevedra ha condenado a cuatro años de cárcel y una multa de seis millones de euros a José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
El tribunal ha impuesto la misma pena de prisión y multa a su primera esposa, a una de sus hijas, a su excuñada y a un empresario, procesados en la misma causa.
La Fiscalía pedía seis años de prisión para José Ramón Prado Bugallo, el narcotraficante gallego conocido como Sito Miñanco, y parte de su familia, a los que acusa de haber blanqueado 10 millones de euros procedentes del narcotráfico a través de una sociedad inmobiliaria.
El fiscal Jesús Calles ha explicado que la Inmobiliaria San Saturnino que, presuntamente con ese dinero de la droga adquirió entre 1998 y 2007 numerosas propiedades en la provincia de Pontevedra, fue un “instrumento” creado por Miñanco para ese fin.
El “nexo de unión” entre los cinco acusados era dicha sociedad, ha añadido el fiscal, para el que sus actividades son el “prototipo” de un caso de blanqueo de capitales, al haberse adquirido esos bienes para dar “apariencia de legalidad” a ese dinero de “origen oscuro”.
A este respecto, ha argumentado que los informes tributarios y fiscales detectaron “operaciones anómalas” que solo pueden justificarse por este blanqueo “al no tener sentido económico” y ha reiterado que fue el dinero de Miñanco el que financió estas operaciones inmobiliarias.
Todas las propiedades incluidas en estos informes, “se pagaron con dinero oculto” procedente de la “actividad delictiva” de Sito Miñanco y tan solo ha modificado el relato para referenciar “con más claridad” todas estas adquisiciones.
El fiscal también pedía seis años de prisión para María Rosa Pouso Navazas, Rosa María Prado Pouso y Josefa Pouso Navazas, su primera esposa, su hija mayor y su excuñada; y para José Alberto Aguín Magdalenas, un empresario que, según la acusación, actuaba como testaferro del narcotraficante.
El abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, pidió su libre absolución y ha acusado al fiscal de basar su acusación en un “relato televisivo” instalado en una “realidad paralela”, al entender que no existen pruebas contra su cliente y solo se le juzga “por ser quién y por sus antecedentes”.
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