La televisión valenciana cumple un año y medio sumida en las dudas

La audiencia y los ingresos de À Punt quedan lejos de las expectativas

La radiotelevisión valenciana À punt cumple un año y medio sumida en las dudas. Su audiencia, en torno al 2%, y sus ingresos por publicidad, en torno al millón de euros, están lejos de las expectativas con que inició las emisiones en junio de 2018. Su directora general, Empar Marco, criticada por la mayoría de los partidos políticos, ha renunciado a presentarse al proceso para renovar el cargo, y la elección de su sucesor entre los nueve hombres que han formalizado su candidatura resulta incierta. Si ninguno de ellos logra el apoyo de los tres quintos del consejo rector de la corporación y, después, la mayoría absoluta en el Parlamento valenciano, Marco continuaría como directora en funciones, en una situación de interinidad parecida a la de Rosa María Mateo al frente de RTVE. Un escenario que parece, sin embargo, improbable.

À Punt fue creada como una versión austera de Canal 9, la televisión pública valenciana cerrada hace siete años con una deuda de 1.126 millones, 1.160 trabajadores de plantilla y un aura de manipulación, amaño de contratos y escándalos sexuales. El presupuesto de À Punt asciende a 55 millones de euros, lo que la convierte en la quinta más cara de las autonómicas españolas en términos absolutos, pero en una de las más baratas en términos relativos (12 euros por habitantes). Después de un largo tira y afloja sobre su diseño, su plantilla, que no llega al medio millar, está formada principalmente por extrabajadores de Canal 9.

El mayor obstáculo que ha encontrado la nueva televisión ha sido el desinterés del público. À Punt ha cerrado el año con una audiencia del 2,1% (a pesar del buen dato de las campanadas de fin de año, con las que alcanzó el 7,1%), lejos de los datos de TV3 (14,6%) y Canal Sur (8%), y con menos de la mitad que Telemadrid (5,1%). Marco ha pedido en estos meses un aumento del presupuesto para hacer más atractiva la programación, pero la Generalitat, que lleva desde 2015 denunciando la falta de financiación que recibe del Estado para cubrir sus servicios básicos, se ha negado.

En el haber de Marco, antigua corresponsal en Valencia de TV3, está que bajo su dirección ha desaparecido el antiguo sectarismo de Canal 9 en los informativos, que apenas han recibido críticas de la oposición. Y que la cadena ha dejado de ser una correa de transmisión de Presidencia de la Generalitat como lo fue, llegando a veces a límites hilarantes, en la época de los populares Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Hay consenso en que el actual presidente, el socialista Ximo Puig, carece de capacidad de influencia significativa sobre la televisión, que ha recibido, en cambio, críticas por su afinidad a Compromís, otra de las formaciones que integran el Gobierno autónomo. En ciertos círculos, de hecho, ha sido calificada como Telecompromís.

Media docena de diputados y cargos de la Generalitat de distinto color político coinciden en que la acusación resulta infundada o, al menos, exagerada. Pero es cierto que la formación de Mónica Oltra ha sido la única que no ha criticado la gestión de Marco y la única que ha apoyado su exigencia de más fondos. Fuentes de Compromís responden que, en realidad, han sido los únicos que no han intentado interferir en la televisión. Y fuentes socialistas aseguran que ellos tampoco lo han hecho, y que Marco ha desistido de su idea inicial de presentarse a la reelección por el rechazo que sabe que despierta en el consejo rector de la corporación —formado por nueve vocales, casi todos ellos nombrados por mayorías reforzadas del Parlamento autonómico—, que han pasado meses convocando reuniones sin avisarla y criticándola en público y en privado. La directora general, cuyo contrato termina en marzo, ha declinado responder a las preguntas de este periódico.

Olga Blasco, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y miembro de un grupo de investigación sobre las televisiones autonómicas en el que participan centros académicos de Galicia, Andalucía y Euskadi, afirma que el caso de À Punt no puede juzgarse sin tener en cuenta la sacudida generalizada que está sufriendo el modelo televisivo público europeo. «Las plataformas de pago como Netflix, Amazon Prime y HBO han hecho que las televisiones públicas entren en crisis. Las audiencias han bajado, se ha producido un cambio en los hábitos de consumo y se ha agravado su problema de financiación», afirma. El canal valenciano ha nacido en ese escenario y carga, además, con una losa particular, añade Blasco: «Su antecesora, Canal 9 se cerró con el argumento de que había habido una mala gestión y con una imagen de falta de independencia que había llevado a parte de la sociedad a dejar de verla, y reconectar con el público ahora no es fácil».

La profesora opina que À Punt, como el resto de televisiones públicas, está forzada a reinventarse y que su salida natural para por volcarse en su condición de servicio público. «En el caso de las autonómicas, la lengua, allí donde la tienen, y los servicios de proximidad son dos elementos importantes, porque el resto de operadores no los van a ofrecer», añade. En la misma línea, el Consejo de Europa celebró en su último informe sobre lenguas minoritarias que la Comunidad Valenciana vuelva a tener medios de comunicación en valenciano.

Fuentes parlamentarias y de la Generalitat consideran muy improbable que el consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación no llegue a un acuerdo para elegir a un sucesor de Marco entre los nueve candidatos presentados, que son Artur Balaguer, Pere Valenciano, José Crespo, Francesc Picó, Juli Esteve, Pau Vergara, Alfred Costa, Francisco García Donet y Germà Arroyo. Y consideran todavía más difícil que la propuesta que el organismo eleve a las Cortes Valencianas sea rechazada por el Parlamento autonómico, donde basta la mayoría absoluta con la que cuentan los tres socios del Gobierno autónomo, socialistas, Compromís y Podemos.

El verdadero problema, advierten, llegará meses después, cuando la Cámara deba elegir, a propuesta de Puig, al sustituto del actual presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Enrique Soriano, porque su nombramiento requiere mayoría reforzada y por tanto el apoyo, además, de uno de los tres partidos de la oposición, formada por Cs, PP y Vox.