La SGAE denuncia un fraude fiscal múltiple que afectaría “a socios de la entidad”

Un informe de 2017 descubre un entramado de sociedades pantalla para evitar al fisco, cuya fórmula era un “runrún” que corría desde hace años en la entidad

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha denunciado un fraude fiscal múltiple “que puede afectar a personas jurídicas que son socias de la entidad”. “La decisión de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes se produce después de haber constatado que dicha actuación puede ser contraria a Derecho de la propia normativa de la SGAE”, explica en un comunicado la entidad de derechos de autor, pendiente de la intervención del Ministerio de Cultura por no haber aprobado la reforma estatutaria hace tres semanas.

Desde la SGAE aseguran que en 2017, bajo la presidencia de José Miguel Fernández Sastrón, los servicios jurídicos de la casa realizaron un informe fiscal de varios años -prefieren no precisar cuántos- en el que se descubre un entramado de sociedades pantalla -controladas por editoriales miltinacionales, entre ellas Warner- para evitar el pago de impuestos devengados por los derechos de autor recaudados.

“Nos hemos encontrado con un informe en el que se descubren unas facturaciones a Hacienda, que se ha ocultado en el pasado. Teniendo conocimiento de algo ilegal no tenemos más remedio que acudir a denunciar los hechos. Pero en esa denuncia no se menciona a ningún socio de la casa, ni a editorial alguna”, aseguran las fuentes de la junta directiva consultadas por este periódico, tras la información publicada por El Mundo, en la que se señala a artistas defraudadores como Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés, que podrían haber incurrido en un delito de 70 millones de euros.

“No sabemos si los autores son víctimas o cómplices”, explican desde la junta directiva de la SGAE, que confirman que la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid es contra varias sociedades mercantiles por haber “creado un entramado de sociedades pantalla [cesionarias] con las que las editoriales cobran los derechos de esos autores y se los reparten, con sociedades cuyo NIF ni siquiera existía y que han logrado opacar la trazabilidad del dinero a los ojos de Hacienda”. Desde la junta directiva de la SGAE aseguran que en la denuncia no se dan nombres, sino que han empleado códigos internos para referirse a las sociedades acusadas.

Reconocen desde la cúpula de la SGAE que la fórmula de “cesionarias” era un “runrún” que corría desde hace años, pero “sin confirmar”. También aseguran que no tienen una estimación de la cifra defraudada y en la denuncia no se ha denunciado ninguna cantidad, pero les parece “muy aventurado” la cantidad de 70 millones de euros, ”porque nadie puede ocultar tanto dinero a Hacienda”.

La denuncia llega en un momento en el que las multinacionales tienen una guerra abierta con la entidad, tras haber sido expulsados de la junta directiva por ser titulares y clientes al tiempo. Con la reforma Ley de Propiedad Intelectual (LPI) de próxima aprobación en el Congreso de los Diputados parece difícil ver la vuelta de las multinacionales a la sede. Desde la junta directiva se preguntan por qué el expresidente Sastrón no denunció hace años cuando recibió el informe.