La ONU apunta a “pruebas creíbles” sobre la responsabilidad de Bin Salmán en la muerte de Khashoggi

El informe de Naciones Unidas, publicado este miércoles, exhorta a profundizar en la investigación sobre el papel del heredero saudí en el asesinato del periodista

La relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, ha concluido que existen pruebas suficientes para implicar en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, y otros altos cargos del reino. Así se desprende del informe que ha hecho público este miércoles y en el que recomienda una investigación internacional sobre el caso y que se impongan sanciones preventivas al príncipe. Las autoridades saudíes han vuelto a rechazar las alegaciones y cuestionan la credibilidad del trabajo.

“Existen pruebas creíbles que justifican una mayor investigación sobre la responsabilidad individual de altos funcionarios saudíes, incluido el príncipe heredero”, asegura la experta de la ONU en su informe tras subrayar que no se trata de una conclusión de culpabilidad. “Esta investigación de derechos humanos ha demostrado que hay suficientes evidencias creíbles respecto a la responsabilidad del príncipe que exigen una indagación exhaustiva”, precisa. La relatora estima que ni la investigación saudí ni la turca cumplen los estándares internacionales.

Callamard pide a los estados miembros de la ONU que pongan en marcha las medidas necesarias para la detención o extradición de los individuos presuntamente implicados en el asesinato de Khashoggi en caso de que pisen su territorio. También solicita que les impongan sanciones, “incluyendo al príncipe heredero, centrándose en sus bienes personales en el extranjero, hasta y a menos que se pruebe que no tiene responsabilidad” en el asunto. La relatora especial es una figura independiente que no habla en nombre de la ONU.

“Nada nuevo», respondió el ministro de Estado de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, portavoz habitual de la monarquía saudí. En una serie de tuits, Al Jubeir asegura que el informe “contiene claras contradicciones y acusaciones sin fundamento que ponen en duda su credibilidad”.

Khashoggi, de 58 años, fue asesinado el pasado octubre dentro del Consulado de Arabia Saudí en Estambul. Tras su inicial negativa, Riad terminó admitiendo que el crimen había sido obra de agentes al servicio del Estado. Sin embargo, las autoridades saudíes siempre han insistido en que éstos no actuaban por orden del heredero. Aunque el periodista no era un disidente, su creciente incomodidad con las restricciones para expresar su opinión le llevó a exiliarse a Estados Unidos en 2017. Allí empezó a colaborar con The Washington Post y a mostrarse cada vez más crítico con las políticas del príncipe.

“La relatora especial ha concluido que Khashoggi fue víctima de una ejecución extrajudicial, deliberada y premeditada, de la que el Estado de Arabia Saudí es responsable de acuerdo con la ley internacional sobre derechos humanos”, afirma Callamard antes de instar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a que abra una investigación internacional. También pide que haga lo propio el FBI, si no lo ha hecho ya, para que, si procede, “se inicie el correspondiente proceso penal en Estados Unidos”, donde el periodista residía.

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Callamard recibió el pasado enero el encargo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos de averiguar “la naturaleza y el alcance de la responsabilidad de individuos y estados en el asesinato”. Viajó entonces a Turquía con un equipo de tres forenses y a su regreso aseguró haber encontrado “pruebas” de que Khashoggi fue “víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios del Estado de Arabia Saudí”. También se quejó entonces de la falta de cooperación de las autoridades de Riad que, dijo, se estaban amparando en la inmunidad diplomática para buscar la impunidad.

Su informe final, que se extiende a lo largo de 100 páginas, no sólo ratifica esas primeras conclusiones, sino que insiste en la responsabilidad del príncipe más poderoso que nunca haya tenido Arabia Saudí. El heredero, más conocido por sus iniciales, MBS, acumula además los cargos de vice primer ministro, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo, y presidente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad. Se trata por tanto de un duro golpe para la monarquía saudí que ha tratado de distanciarse del truculento crimen desde que salió a la luz.

La presión internacional obligó a Riad a reaccionar. Anunció entonces una investigación y el pasado noviembre el fiscal general del reino, Shalaan Shalaan, dijo que la orden de asesinar a Khashoggi la había dado el jefe del equipo negociador enviado para tratar de convencerle de que regresara a Arabia Saudí. El periodista habría muerto por la droga que le inyectaron para reducirlo por la fuerza cuando se negó a sus pretensiones. Según esta versión, los agentes descuartizaron el cuerpo y se lo entregaron a un colaborador local fuera del Consulado. Sus restos no se han encontrado y filtraciones de los servicios secretos turcos apuntan a que fueron disueltos con ácido.

Shalaan aseguró entonces que cinco individuos habían confesado el asesinato y que el príncipe heredero “no tuvo conocimiento del mismo”. Poco después se informó de que 11 personas, de las que no se facilitó la identidad estaban siendo juzgadas y que el juez pedía la pena de muerte para cinco de ellas. Sin embargo, Callamard afirma en su informe que ha identificado a 15 personas que participaron en la misión y sugiere que muchas de ellas no están entre los encausados. En su opinión, el juicio no cumple los estándares internacionales y pide que se suspenda.

Está previsto que la relatora presente las conclusiones de casi siete meses de pesquisas a los 47 miembros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo día 26.