La justicia europea declara ilegal el adelanto de la jubilación de los jueces polacos

Varsovia dio marcha atrás a la medida en noviembre ante la presión comunitaria

La justicia europea cierra por completo las puertas a que el Gobierno polaco consume su intervención en el poder judicial. El Tribunal de Justicia de la UE ha convertido este lunes en definitivo el bloqueo provisional que ya pesaba sobre la controvertida decisión de Varsovia, que adelantó de 70 a 65 años la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo para forzar la salida de un tercio de ellos y tener así vía libre para realizar nuevos nombramientos. «No está justificada por un objetivo legítimo y viola el principio de inamovilidad del juez, inherente a su independencia», señala el fallo.

La sentencia llega ocho meses después de que la Corte de Luxemburgo, en una decisión sin precedentes, frenara la reforma promovida por los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) a petición de la Comisión Europea. La medida no supondrá, en la práctica, ningún cambio palpable, dado que el Ejecutivo polaco aceptó el mandato del tribunal europeo y reculó un mes después al presentar una enmienda a la ley que implicó la reincorporación a sus puestos de los 27 jueces obligados a jubilarse —un tercio de los 72—. Pero aunque no altere el sistema, el dictamen refuerza a Bruselas en su disputa con Polonia por el respeto al Estado de derecho. «Es una decisión importante en apoyo de la independencia del poder judicial en Polonia y más allá», celebró la Comisión Europea en un comunicado.

El forcejeo entre Bruselas y Varsovia a cuenta de la reforma del Supremo se agravó en julio de 2017, cuando el Parlamento polaco aprobó la ley que favorecía el control gubernamental de la justicia y el Ejecutivo comunitario le abrió un expediente por su deriva autoritaria. La ley estipulaba que quienes hubieran superado los 65 años tendrían que pedirle al presidente polaco, Andrzej Duda, que les dejara continuar y este podría —o no— renovar su mandato por tres años más. La justicia europea ha tirado abajo ese andamiaje legislativo al considerar que el cese anticipado «solamente puede admitirse si está justificado por un objetivo legítimo y es proporcionado».

Entre los jueces del Supremo afectados por la medida estaba su primera presidenta, Malgorzata Gersdorf. La magistrada se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia judicial al negarse a acatar su despido y seguir acudiendo a su despacho días después de la iniciativa del Gobierno, liderado en la sombra por el ultraconservador Jaroslaw Kaczynski.

Una vez que Varsovia dio marcha atrás en la ley que politizaba la justicia, la Comisión pudo retirar la denuncia, pero en su lugar prefirió seguir adelante y que los tribunales de la UE dejaran claros los límites para evitar así futuras tentaciones de inmiscuirse en la justicia. «Seguía existiendo interés en que se resolviese el presente asunto, habida cuenta de la importancia que reviste la independencia del Poder Judicial en el ordenamiento jurídico de la Unión», dice el texto.

Los Estados miembros tienen libertad para organizar su sistema judicial, pero los márgenes de los que no pueden salirse los delimitan los tratados comunitarios. Polonia alegó que la reforma pretendía equiparar la jubilación de los jueces con la del conjunto de trabajadores del país. Pero el argumento no convenció ni a Bruselas primero, ni ahora a los tribunales, que ven detrás del movimiento un intento de los ultraconservadores polacos de construir una justicia a su medida y un riesgo para la separación de poderes. «El establecimiento de un nuevo mecanismo que confiere al presidente de la república la facultad discrecional para prorrogar el mandato de los jueces, y el hecho de que la medida afectara a alrededor de un tercio de los miembros de este tribunal, entre ellos a su presidenta primera ―cuyo mandato de seis años garantizado por la Constitución se redujo de resultas de esa medida―, pueden suscitar serias dudas en cuanto a las verdaderas finalidades de esta reforma», afirma el fallo elevando las sospechas de una injerencia del ejecutivo.