“En la crisis migratoria, los libios somos víctimas”

Al Sarraj es el dirigente reconocido internacionalmente de una Libia que lucha por recomponerse como Estado y controlar la violencia, al tiempo que ejerce de cuestionado guardián de las puertas de Europa

Libia es un país partido en pedazos donde se percibe a cada paso el caos que siguió a las revueltas árabes y la caída en 2011 del dictador Muamar el Gadafi. Edificios agujereados. Cientos de miles de desplazados por la guerra. Hasta 20 millones de armas de fuego, según la ONU, en manos de sus más de seis millones de ciudadanos (tocan a más de tres por persona). Checkpoints en las carreteras, custodiados por enmascarados vestidos con uniformes de todo tipo, el kalashnikov en ristre. Cientos de miles de migrantes de toda África pululando por sus calles, la mayoría con intención de ir a Europa. Y un Estado incapaz de controlar a la miríada de milicias que se disputan barrios, ciudades e instalaciones clave.

En 2016, Libia llegó a tener tres gobiernos. Hoy, solo quedan dos. Uno en el Este del país, que gobierna desde las ciudades de Tobruk y Bayda. Otro en el Oeste, que lo hace desde Trípoli, nacido del esfuerzo diplomático de la ONU. Este último es la única autoridad legítima que reconoce la comunidad internacional. La encabeza Fayez al Sarraj (Trípoli, 1960), presidente del Consejo Presidencial y primer ministro del país, un tipo alto y de porte grave, con rostro cuadrado y bigote grueso, que admite la dificultad de regir un país sin controlar su ejército ni su policía. “Es difícil atraer todas las fuerzas armadas bajo cierta disciplina, asegurar su control y su profesionalismo en el uso de la fuerza. Pero esperamos lograrlo”.

Además de tratar de sobrevivir como Estado, Libia tiene ante sí otro enorme desafío. En 2017, con la crisis migratoria en el Mediterráneo central en su apogeo, la Unión Europea, con Italia a la cabeza, comenzó a entrenar y dotar de medios a los guardacostas libios. La UE ha sido criticada por eludir sus responsabilidades de salvamento, convirtiendo el mar en un lugar aún más peligroso, y por externalizar los servicios de rescate a un cuerpo improvisado, poco preparado y cuyos métodos violentos han sido denunciados por organizaciones humanitarias. “La inmigración es un asunto difícil para nosotros”, responde Sarraj. “Los libios, en el contexto de esta crisis, no somos sino víctimas”. En Libia, añade, viven 800.000 inmigrantes, la inmensa mayoría hombres africanos. Unos 20.000 se encuentran retenidos en centros de detención de su Gobierno. En ellos, según documenta un reciente informe de la ONU, se producen abusos, torturas, y múltiples violaciones de derechos humanos. “En lugar de dedicar tantos recursos a crear estos informes, ¿por qué no ayudar también a Libia para resolver el problema? ¿Por qué no apoyar a los países que exportan a estos migrantes? ¿Por qué no encontrar un lugar mejor para ellos, quizá integrarlos en Europa? Otras soluciones, en lugar de solo crear informes y leerlos”.

En la UE, se queja, solo se miran las cifras de quienes arriban a sus costas, y no las de quienes permanecen en Libia. Entre las soluciones, menciona una que ya está en marcha, con financiación europea: el programa de retorno voluntario a los países de origen de la Organización Internacional de las Migraciones. Unas 30.000 personas han sido retornadas hasta la fecha. No le parece suficiente. “Aceleren el proceso”, pide el Presidente. Ante la pregunta de si considera Libia un puerto seguro en el que desembarcar migrantes y refugiados, replica: “Esta pregunta plantea de nuevo otro interrogante a quien la hace: ¿por qué no ayudar a nuestros guardacostas, por qué no encontrar alternativas como asegurar los puertos o el pasaje?”. Según él: “Libia está atravesando tiempos difíciles e inestables […] y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con los recursos disponibles”. En su opinión, quizá haya llegado el momento de que la agenda con Bruselas entre en otra fase. “Estamos buscando tener una relación con Europa que vaya más allá de las cuestiones migratorias […] Una más amplia, que aproveche nuestra ubicación, nuestros recursos, nuestras perspectivas únicas. Pero de cara a hacerlo es importante que nuestros socios europeos nos ayuden a lograr estabilidad y prosperidad”.

De momento, esa estabilidad parece lejana. La entrevista con Sarraj tiene lugar a finales de enero en la sede del Consejo Presidencial en Trípoli, un edificio de oficinas ubicado al final de una callejuela polvorienta, protegido por militares con fusiles de asalto y bloques de hormigón. Y para llegar hasta la sala donde se encuentra el presidente hay que atravesar cuatro arcos de seguridad. Las medidas parecen necesarias. Días antes, grupos armados teóricamente integrados en el aparato de seguridad del Ministerio del Interior se enfrentaron en los suburbios contra otra milicia. Murieron 16 personas. En septiembre, en una contienda similar, fallecieron 120. Aun así, “si lo pones en contexto la situación en Libia es mucho mejor que la de otros países”, dice Sarraj. Y pone sus esperanzas en unas próximas elecciones, auspiciadas por la ONU, que tenían que haberse celebrado en diciembre, y aún siguen sin fecha. De momento, dice, se están centrando en el marco constitucional adecuado, la base para que el resultado no sea contestado. “Es importante que todas las partes muestren moderación y respeten el procedimiento para tener unas elecciones válidas”. La última vez que votaron, en 2014, se recrudeció el conflicto civil en Libia. Y aún no ha acabado.