El Senado de EE UU aprueba la reforma del sistema de justicia

El mayor logro bipartidista de la era Trump persigue reducir una población carcelaria de más de 2,2 millones de presos

Por abrumadora mayoría (87-12), el Senado de Estados Unidos aprobó esta noche la reforma de justicia más importante en décadas, un excepcional logro bipartidista dentro de la Administración de Donald Trump. El siguiente paso es la aprobación en la Cámara antes de la pausa navideña del Capitolio. Después solo queda la rúbrica del presidente.

Estados Unidos se define por el número de ciudadanos que tiene en la cárcel: dos millones doscientas mil personas encerradas entre rejas, lo que le sitúa como vencedor en el podio mundial. La primera potencia detenta un sistema de justicia tachado de injusto, duro y racista que por primera vez en muchos años va a vivir una reforma. Un primer paso que ha sido capaz de poner de acuerdo a organizaciones e individuos tan en las antípodas ideológicas como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y los ultraconservadores multimillonarios hermanos Koch, o el senador republicano Ted Cruz y la senadora demócrata Kirsten Gillibrand.

No en vano, la ley que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha logrado sacar a votación antes de que acabara el año se denomina First Step, Primer Paso (cuyas siglas responden en inglés a las palabras Formerly Incarcerated Reenter Society Transformed Safely Transitioning Every Person). McConnell estaba decidido: el Congreso no se irá de vacaciones hasta que haya un acuerdo. “A menos de que nos enfrentemos a este trabajo de manera colaborativa, productiva y aceleremos el proceso, doy por hecho que el Senado necesitará seguir abierto entre Navidad y Año nuevo para acabar su trabajo”, aseguró la semana pasada el senador de Kentucky.

Sin ninguna otra pieza legislativa que se pueda definir de esta manera, esta norma es la primera gran medida bipartidista en la Casa Blanca de Trump. Y puede que la única que se firme en los supuestos dos años de mandato que todavía le quedan al presidente. Es un pacto excepcional: demócratas y republicanos, de acuerdo en reformar el sistema federal de prisiones a petición del presidente Trump. Y una vez que está fuera de juego el antiguo secretario de Justicia, Jeff Sessions, firme partidario de imponer siempre la condena más severa.

Trump tuvo su época de tipo duro contra el crimen. En 1989, mucho antes de que aspirase a la Casa Blanca, publicó una serie de anuncios en varios diarios de Nueva York en los que pedía la muerte para aquellos que hubieran cometido un crimen. En 2017, ya presidente, pedía a la policía que no fuera tan amable con los detenidos y no se preocupasen por proteger sus cabezas cuando los introducían en los coches patrulla. «Protegéis sus cabezas con vuestra mano para que no se golpeen, ¡y acaban de matar a alguien! yo os digo: retirar esa mano, ¿de acuerdo?»

Esa época parece lejana y el mandatario, a petición de personajes a veces estrafalarios, ha cambiado el tono de su discurso. Así fue cuando conmutó la pena de cadena perpetua de una mujer de 63 años encarcelada por lavado de dinero y narcotráfico a petición de Kim Kardashian. En esta ocasión, detrás del gran impulso dado a First Step estaría su yerno, quien ha sufrido en primera persona el sistema de justicia criminal al ver a su padre entre rejas por financiación ilegal de campañas, evasión de impuestos y manipulación de testigos.

First Step está llamada a acabar con las leyes draconianas de la década de los ochenta y noventa que infectaron de presos las cárceles de la nación bajo la máxima de encerrar a la gente y tirar la llave. La nueva ley elimina el tristemente conocido sistema de “tres delitos y fuera” (analogía con el béisbol, three strikes and out), por el que alguien que comete tres delitos consecutivos va de por vida a la cárcel (ahora serán 25 años).

También acaba, de forma retroactiva, con la disparidad en las condenas entre tenencia de cocaína en polvo y crack, lo que estaba considerado como dos estándares de medir y penalizar a los consumidores de drogas, con más dureza a los fumadores de crack, en general población negra, y con más ligereza a los consumidores de cocaína, población blanca. Miles de prisioneros cumpliendo condenas por delitos relacionados con el crack verán reducidas considerablemente sus sentencias.

Entre quienes se oponen con fervor a la ley está el senador republicano de Arkansas Tom Cotton, quien expresaba su sentir en un artículo de opinión en National Review y en un tuit. “Desgraciadamente, la ley todavía tiene graves problemas y permite poner en la calle antes de tiempo a muchos criminales violentos”. Cotton, junto con el senador republicano de Luisiana John Kennedy ha introducido una enmienda en la ley que excluye a los convictos violentos así como a los que han cometido delitos sexuales.

Aunque significativa, la ley tendrá un impacto modesto en la reducción de presos encarcelados ya que tan solo afecta a los reos dentro del sistema federal de prisiones, que suponen menos del 10% del total nacional. Según Keith Wattley, director de UnCommon Law, firma sin ánimo de lucro que provee consejo legal y terapéutico para personas cumpliendo largas condenas en California, esta ley es “un paso en la dirección equivocada”. “Esta ley apunta a que beneficiará más a las compañías que dirigen las prisiones privadas que a la población entre rejas”. En un artículo publicado en el diario The New York Times, Wattley asegura que “se incrementará el uso de los sistemas de control electrónicos creados por corporaciones privadas para controlar a aquellos que han sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario”.

Sin embargo, son muchos los que celebran la posibilidad de tener una ley que, por fin, prohíba que las mujeres presas tengan que dar a luz esposadas.