El ministro de Cultura solicita a la Audiencia Nacional la intervención en la SGAE

José Guirao pide una «intervención temporal» por un plazo inicial de seis meses. En caso de ser concedida, un gestor se hará cargo de la entidad, pero las Elecciones Generales dejan en el aire su ejecución

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José Guirao lo había anunciado y lo ha cumplido. El ministro de Cultura pidió el viernes pasado, tras el anuncio de las elecciones anticipadas, la autorización para intervenir la SGAE a la Audiencia Nacional. Solicita una “intervención temporal” por un “plazo inicial” de seis meses, tal y como ha podido saber EL PAÍS. En su escrito también pide a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional —a través de la Abogacía General del Estado— la medida cautelar de “remoción de los órganos de gobierno de la entidad”. La SGAE, contactada por este diario, ha preferido «de momento» no comentar.

El Ministerio considera que el apercibimiento enviado el pasado 27 de septiembre a la principal entidad de gestión de derechos de autor de España, con más de 124.000 socios, no ha sido cumplido, transcurridos más de tres meses desde que fuera comunicado, “y que concurren razones de urgencia para realizar esta solicitud al juez”. En aquel documento, Cultura pedía a la SGAE reformar sus estatutos, introducir el voto electrónico en las elecciones y modificar sus normas de reparto: nada de ello ha ocurrido.

De esta manera, si el juez lo autoriza, el ministro nombrará un gestor interno constituido bajo la forma de una comisión. Este procedimiento está previsto en el artículo 192.9 de la Ley de Propiedad intelectual. Será dicho gestor quien asumirá las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad removidos, “y que tendrá como objetivo regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual”.

Se abre así un largo proceso que depende del plazo en el que el juez responda a la petición de intervención de Guirao. Como las propias fuentes del Ministerios de Cultura han señalado a este periódico, puede dilatarse un año. En ningún caso contemplan que la decisión pueda ejecutarse antes del 28 de abril, fecha de las elecciones generales de las que saldrá el nuevo Ejecutivo. Todo apunta a que será el siguiente equipo quien tenga que aclarar los problemas de la SGAE, si no retira la petición de autorización antes de que la Audiencia Nacional tome una decisión.

En todo caso, incluso dentro de la entidad, hace tiempo que la intervención se consideraba casi inevitable. La semana pasada, un directivo de la SGAE aseguraba que no quedaba otra opción y que el presidente, José Ángel Hevia, estaba demostrando su «nulo conocimiento de la gestión colectiva de derechos». «Era esperable. Hevia tendría que haberse ido. Ahora decidirá un juez que no sabe nada de esto», subraya un miembro del gobierno de la SGAE. «El ministro tampoco ha contribuido mucho. Está muy muy influenciado por una de las partes. Esta no es una solución», agrega.

Lo cierto es que tanto Cultura como la entidad llevan meses tensando la cuerda de su relación, condenada a romperse tarde o temprano. Aun así, la intervención siempre fue considerada por ambas como el último recurso, que el ministerio ha intentado evitar por temor a entrar a fondo en la gestión de la SGAE y la propia entidad por su imagen y porque, pese a sus crisis y desencuentros, sigue repartiendo unos 300 millones de euros anuales en derechos de autor, un pastel goloso para muchos.

Sin embargo, la parálisis de la anterior gestión, presidida por José Miguel Fernández Sastrón, y el poder de la llamada rueda —una presunta trama que investiga la justicia por la que socios de la SGAE y empleados de televisión ingresan millones gracias a la música emitida de madrugada, y sin apenas audiencia, en las cadenas— llevaron a Cultura poco a poco hasta el apercibimiento del 27 de septiembre. En octubre, las elecciones devolvieron una nueva junta, liderada por Hevia, que prometía un espíritu conciliador y reformas, pero en la que el propio presidente y varios miembros del gobierno debían buena parte de sus ingresos precisamente a la música nocturna.

En diciembre, la propuesta de reforma de los estatutos que exigía Cultura y que la junta elaboró fue votada en una Asamblea General, donde fue aprobada por el 58%, frente a los dos tercios necesarios. Tampoco los socios respaldaron el reparto de la entidad, lo que la dejó al borde de la intervención. Un mes y medio después, el tiempo se ha agotado. Como resume otro socio, «en la casa existe esa sensación de cuando estás muy dolorido y piensas: ‘Mátame» . Puede que el juez sea la cura. O la última agonía.