El experimento belga que quiere devolver el poder al pueblo

Ciudadanos elegidos por sorteo deliberarán durante meses para enviar recomendaciones a los políticos

Un libro difícilmente puede cambiar el mundo, pero su capacidad para agitarlo, a una escala menor, es indiscutible. La última prueba de ello está en la comunidad germanófona de Bélgica, una región de 77.000 habitantes situada a poco más de 100 kilómetros de Bruselas que a partir de septiembre será el epicentro de un experimento democrático sin precedentes. Todo empezó con Oliver Paasch, su presidente, leyendo un libro: Contra las elecciones (Taurus), del autor flamenco David van Reybrouck. El político contactó al escritor para saber si era viable llevar a la práctica lo que solo era un ensayo. «Podéis hacer historia», le animó. «¿Por qué no convertirnos en laboratorio de la democracia europea?», se lanzó mientras Van Reybrouck se frotaba los ojos.

La obra promueve asambleas ciudadanas elegidas por sorteo para debatir y proponer soluciones sobre un determinado asunto. Luego se trasladan a los políticos para que las conviertan en leyes. Ese es exactamente el camino que van a seguir en este recóndito pedazo de Bélgica en su intento por darle una vuelta de tuerca a la democracia. «Nos dimos cuenta de que la participación electoral está en caída libre, cada vez hay menos confianza en los políticos, y por toda Europa los extremistas intentan aprovechar esa debilidad para cuestionar el sistema. ¿Aceptamos que la democracia desaparezca o la revisamos nosotros y la reformamos?», se pregunta Paasch sentado a una gran mesa redonda en el edificio del Gobierno, en Eupen.

Hace unos meses pocos podían adjudicar a este acomodado rincón de Bélgica un interés vanguardista por reinventar un concepto tan antiguo y zarandeado como la democracia. La zona con la tasa de desempleo más baja del país es a la vez la más discreta y ausente del debate nacional, donde flamencos y valones hacen públicas sus diferencias territoriales y lingüísticas. Con Bruselas como Jerusalén de ambas y corazón político de Europa.

Fuera de esa fotografía, al este del país, como una exótica aldea gala, aparecen los germanohablantes. Antaño prusianos, fueron incorporados a Bélgica en 1920 por el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Hoy presumen de amplias competencias: tienen parlamento y gobierno propios, gestionan sanidad, educación y empleo, y equiparan su autonomía a la de Cataluña o Escocia. En sus calles, la patria hablada converge a menudo con la administrativa: comen schnitzels igual que en Viena o Berlín y patatas fritas como en Bruselas, escriben los letreros comerciales en varios idiomas, y alternan las marcas de cerveza de ambos lados de la frontera con naturalidad. Cuando se trata de emociones no parece haber dudas. Según los sondeos gubernamentales, una gran mayoría de la población se siente belga, y la monarquía goza de popularidad. «Calculamos como alemanes, vivimos como franceses y estamos orgullosos de ser belgas», recita Paasch divertido.

La decisión de dar la palabra a los ciudadanos fue aprobada unánimemente por los diputados. Van Reybrouck comprobó que reúnen las condiciones ideales para desarrollar su plan: un territorio pequeño, bien comunicado y con amplios poderes. La idea es crear dos órganos elegidos por sorteo. El primero, un consejo ciudadano de 24 miembros que tendrá el encargo de proponer el tema y vigilar el proceso antes de ser renovado a los 18 meses. Y el segundo, un panel ciudadano de entre 25 y 50 integrantes que discutirá sobre el asunto y en el plazo máximo de un año elaborará recomendaciones. La clase política tendrá la última palabra, pero ignorarlas no saldrá gratis. Si el Gobierno desprecia las medidas aconsejadas debe comparecer públicamente ante los ciudadanos para explicar por qué. «Es una presión muy fuerte. Si en una región pequeña como la nuestra no se siguen las recomendaciones, la segunda vez seguramente te cueste el puesto», advierte Paasch.

El filósofo belga Philip van Parijs cree que las asambleas ciudadanas por sorteo no deben sustituir a la democracia electoral tradicional, pero es partidario del experimento por sumar a la actividad política a personas que no han buscado erigirse en líderes, no han salido de las estructuras de los partidos, ni están sujetos al cortoplacismo de tener que buscar votos. Un corsé que desnaturaliza la acción de gobernar resumido en la célebre frase del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: «sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ser reelegidos luego».

Las autoridades calculan que todos los habitantes de la comunidad serán llamados a participar alguna vez durante su vida. El sorteo, que barajan realizarlo por ordenador, tendrá ciertos filtros para que haya equidad por sexos, reparto por municipios y renta. Las reuniones se celebrarán en el salón de plenos del parlamento en fin de semana para facilitar la disponibilidad de las instalaciones e implicados, pero cualquiera de los seleccionados —de 16 años como mínimo— podrá negarse a tomar parte. Ese es el mayor temor de sus inspiradores: «Es un riesgo pequeño pero que no hay que descartar. Para que funcione hemos de convencerles de participar en el diálogo».

En medio de la bonanza, el mayor desafío al que se enfrenta la comunidad es la falta de mano de obra cualificada. Muchos de sus habitantes trabajan en Luxemburgo o Alemania, y las empresas se quejan de que les cuesta encontrar el personal adecuado para ciertos puestos. Ese puede ser un tema a abordar por los futuros órganos ciudadanos, pero también si hacen falta más guarderías o subir los salarios. Todo es susceptible de llegar a las asambleas para que transmitan sus soluciones a los políticos. Para suplir posibles lagunas y aclarar dudas, tendrán a su disposición a los mismos expertos a los que los diputados tienen acceso.

Puestos a imaginar escenarios, ¿qué pasa si un capricho del destino sitúa a una mayoría de ultraderechistas en uno de los órganos? «Es prácticamente imposible que suceda, pero el único límite que ponemos a las recomendaciones para que sean válidas es que respeten los derechos humanos», responde Paasch. ¿Y por qué no mejor votar en referéndum? «Un simple sí o no es demasiado fácil y separa a la gente. Los que están a favor se enfrentan a los que están en contra. Se corre el riesgo de fracturar la sociedad. No queremos eso. Buscamos deliberación».